Personas indigentes con discapacidad
Escrito por Andrea Vargas Miércoles 04 de Marzo de 2009 17:01
El costo de la vida, el desempleo y la pobreza son el pan de cada día para muchos costarricenses, sobre todo para aquellos que viven con una limitación funcional y que además luchan contra los prejuicios y la falta de oportunidades en nuestra sociedad. Aunque no existen datos exactos ni actualizados, más del 80% de las personas con discapacidad no tienen trabajo fijo, esta situación los obliga a vivir con la familia o con otro allegado. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas con discapacidad que son indigentes, es decir, “aquellas personas que por razones culturales y sociales se les imposibilite incorporarse a un trabajo remunerado y quienes no cuentan con redes de apoyo familiar, soporte económico de otras instituciones, ni medios económicos para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia”.
Curiosamente, la mayoría de los albergues para personas indigentes no contemplan a las personas con discapacidad que también se encuentran en estado de abandono. Todo parece indicar, que las personas indigentes con discapacidad son responsabilidad del CNREE. Aunque la visión de la discapacidad ha sufrido un cambio social a través de los años, todavía para muchas entidades existe una relación indestructible entre discapacidad y rehabilitación.
Pero, ¿qué pasa con las personas con discapacidad que son abandonadas por su familia o son huérfanas? ¿Cómo puede garantizar el Estado que las personas con discapacidad en riesgo social o en abandono cubran sus necesidades más básicas de apoyo económico, cuidado personal, infraestructura adecuada, etc.? Como un intento de apoyar a esta población, las diferentes entidades públicas han creado programas de apoyo que garanticen el bienestar y la protección a la persona con discapacidad en estado de abandono. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Rehabilitación (CNREE) ha implementado dos programas de apoyo:
Familia solidaria: Una familia de la comunidad recibe a una persona con discapacidad dentro de su núcleo familiar, para brindarle apoyo y satisfacer sus necesidades básicas. La familia debe contar con espacio e infraestructura adecuada para alojar a la persona y recibirá un pago mensual de ¢75000. Los requisitos para la persona que desee brindar este servicio son: ser mayor de 25 años, costarricense o nacionalizado, no tener antecedentes penales, contar con el aprecio de la comunidad.
Residencia Privada: Una persona o grupo de personas le brindan casa y protección a un grupo mínimo de ocho personas con discapacidad, para satisfacer sus necesidades y proveerles un ambiente cálido y familiar bajo supervisión las 24 horas del día. Para este servicio el Consejo dará un subsidio de ¢146000 por persona. Los interesados en participar de este programa deben tener experiencia en el cuido de las personas con discapacidad, personas mayores o hijos propios.
Del mismo modo, la Presidencia de la República creó en 1998 el proyecto “Servicios Sustitutivos de Cuido Familiar para personas adultas con discapacidad en situación de abandono y/o riesgo social provenientes del PANI”. En este proyecto se crean las modalidades de Hogares Grupales y de Hogares de Acogimiento Familiar con el apoyo de diferentes instituciones tales como: el Consejo Nacional de Rehabilitación, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Junta de Protección Social de San José (JPS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Este proyecto tiene como objetivo albergar a personas adultas con discapacidad en riesgo social o en abandono de forma permanente. De esta manera, las personas con discapacidad que provengan de los albergues del PANI son ubicadas en cuatro albergues equipados por la JPS, financiados por el IMAS; además cada beneficiario recibe una pensión del Régimen No Contributivo por un monto básico.
Otro de los aportes del Estado para contrarrestar la pobreza se refiere a las pensiones para personas indigentes.
Con esta nueva regulación, a partir del 2007 las personas que demuestren con la documentación respectiva, que viven en extrema pobreza y sin ningún apoyo, pueden optar por una pensión del Régimen No Contributivo (RNC) cuyo monto mínimo mensual establecido es de ¢ 35000 pero el monto puede aumentar de acuerdo con la cantidad de dependientes que tiene el beneficiario. En la actualidad, el 29.3% que ya reciben una pensión de este régimen presentan algún tipo de discapacidad. Con esta pensión la persona tendrá derecho a recibir atención médica y a percibir su aguinaldo. Una vez otorgada la pensión del RNC, la CCSS verificará en cualquier momento si alguno de los beneficiarios (adultos mayores, personas con discapacidad, viudas o indigentes) no han variado su situación económica.
Es muy importante destacar que se debería supervisar periódicamente el estado de las personas con discapacidad en los albergues por parte de las entidades correspondientes, esto con el fin de evitar o prevenir cualquier tipo de abuso hacia ellas, especialmente en los casos de personas que por su condición de discapacidad no pueden comunicarse ni defenderse.
Por otra parte, aunque los programas destinados para personas con discapacidad tienen un subsidio económico, en muchos casos, es insuficiente porque los gastos de las personas con limitaciones son mucho mayores.
Fuentes: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial ywww.prensalibre.co.cr/2007/mayo/31
